La gran reforma del proceso penal —la investigación y el juicio de los delitos y faltas—, una de las medidas estrella anunciadas por el Gobierno de Mariano Rajoy está a punto de encallar. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en 1882, corre el riesgo, una legislatura más, de mantenerse en vigor plagada de parches.
Al inicio de la legislatura el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, puso en marcha una comisión de expertos que emitió un informe detallado hace más de un año con una propuesta de Código Procesal Penal, nuevo nombre de la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora, el simple cómputo de los plazos de tramitación parlamentaria, unido a la prelación de prioridades del Gobierno, que ha dejado la propuesta en el cajón, está a punto de dar al traste con su aprobación en esta legislatura.
La situación no es nueva, porque prácticamente todos los ministros de Justicia de la democracia inician su mandato proclamando la necesidad de aprobar un nuevo proceso penal, que acabe con los anacronismos, que tenga en cuenta nuevas realidades tecnológicas y que agilice la jurisdicción penal. En la pasada, Francisco Caamaño llegó a proponer un texto en las Cortes, pero tan a última hora que no pasó siquiera el debate de totalidad y al final de las legislaturas decaen todos los textos en trámite. Gallardón hizo caso omiso de ese texto, quiso empezar desde cero y ahora no tiene tiempo de seguir adelante.
